Por: Fortunato Escobar (*)
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Ojarasca 97 mayo 2005
Cambian las etiquetas, los lineamientos locales, los detalles cartográficos. En su médula, el continente se encuentra a merced de los cuatro jinetes del mercado: privatización territorial, enajenamiento de recursos naturales, acaparamiento genético y racismo ambiental. Un trasfondo muy perturbador para esos gobiernos latinoamericanos que se jactan hoy de “populares”, “democráticos” y relativamente “independientes” del gobierno estadunidense y la globalización. Congresos como el mexicano alfombran el camino a la intervención extranjera en nuestros recursos genéticos con la iniciativa (aprobada ya por el senado) de Ley federal para el acceso y aprovechamiento de los recursos biológicos y genéticos; más la “ley Monsanto”. Presidentes como el peruano, el chileno y el argentino expulsan ahora mismo a los pueblos aymará, mapuche y wichi de sus tierras originarias. Y como en Brasil, Bolivia, Venezuela, Colombia y Ecuador, los poderes judiciales están al servicio de todo lo anterior.
El analista Alfredo Seguel, quien ha trabajado largamente con los mapuche en la agrupación de técnicos y profesionales de Temuko- Konapewman, reflexiona en un ensayo reciente sobre el racismo ambiental que sufren hoy los indígenas del extremo sur: “Es una violación de derechos humanos, y una forma de discriminación causada por gobiernos y políticas del sector privado, prácticas, acciones o inacciones, que intencionalmente o no, agreden el ambiente, la salud, biodiversidad, la economía local, y la calidad de vida”.
Apunta que el análisis “a las políticas públicas de tierras no se puede limitar exclusivamente a las acciones u omisiones dentro de su legislatura ‘indigenista'”. La política de los Estados está estrechamente ligada a la globalización económica, cuyos impactos repercuten principalmente en los territorios de sectores sociales vulnerables, como los indígenas. Así, “la territorialidad, no entendida como aspecto simbólico sino como el soporte material y espiritual para la existencia del pueblo mapuche, ha sido víctima de políticas locales y globales con graves consecuencias ambientales, culturales y económicas”.
El pueblo mapuche reivindica el derecho “a ejercer un control efectivo sobre sus territorios en Chile y Argentina y establecer su propio desarrollo, principalmente ante la desprotección de su territorialidad, que ha llevado a la privatización de derechos de agua, del mar y borde costero, la expansión de plantaciones forestales, la constitución de concesiones mineras y explotación de hidrocarburos, el patentamiento de germoplasma, grandes obras viales, industriales, energéticas, turísticas, la instalación de vertederos”. Todo, a nombre de un modelo de desarrollo y progreso “que en realidad es ‘crecimiento económico’ en beneficio directo de grandes compañías y transnacionales, en desmedro de una larga lista de comunidades que han tenido que sacrificar la calidad de vida, su ambiente y arriesgar su salud y su seguridad”.
El racismo ambiental, insiste Seguel, “es una forma de discriminación ocasionada por las políticas públicas o privadas, que se manifiesta en la intención de que los costos ambientales sean asumidos por un grupo determinado de la población o en la exclusión manifiesta de este grupo en la toma de decisiones que afectan sus vidas”. Considera fundamental la erradicación de este tipo de prácticas, junto con la transformación de las actuales relaciones sociales e institucionales, cuyas bases se siguen proyectando en materia de comercio e inversiones a la luz de la negación continua de los derechos, títulos y jurisdicción del pueblo mapuche y sus comunidades.
Ilustra el caso de la empresa Repsol/ypf, que durante la última década sacó millones de barriles de crudo de la provincia de Neuquén (Argentina), y dejó una grave contaminación del suelo, aire y agua, además del impacto sociocultural sobre las comunidades. Hoy, 25 familias de Kaxipayiñ y Paynemil deben convivir con 65 pozos en su territorio, ductos y mecheros de venteo de gas. Sus efectos se asocian ya con casos de anancefalia, crías animales con malformaciones, familias enteras envenenadas por materiales pesados (plomo, cadmio, arsénico, níquel, aluminio, manganeso). Todo, a causa de la explotación de hidrocarburos, principalmente en Loma de la Lata.
Seguel menciona también el Complejo Turístico Chapelco, dedicado al esquí, que ha provocado la contaminación del agua de las comunidades mapuche Curruhuinca. La concesión del cerro Chapelco recae en empresarios “amparados por el poder político local y provincial”. También en Argentina, las empresas que explotan minas de oro y que contaminan gravemente el ambiente con cianuro, ponen en riesgo a las familias mapuche en la provincia patagónica de Chubut, hecho que se repite en Puelmapu. La empresa canadiense Meridian Gold, que intenta explotar minas de oro en la Patagonia, ha encontrado “una importante resistencia de la población”.
En Chile, la compañía española Endesa, aliada con los gobiernos de Frei y Lagos, “sumió a la población mapuche-pewenche de Alto Bio Bio en la más grave división interna que ha vivido desde la conquista, hoy trastocada y dislocada para la inundación de una represa hidroeléctrica con una inversión de 570 millones de dólares y un embalse de mil 222 metros cúbicos, afectando la biodiversidad del Alto Bio-Bio, y terminando con las comunidades”.
En la Araucanía, “más del 70 por ciento de los recintos de basura se encuentran en comunidades mapuche”, mientras la globalización forestal agudizó los conflictos territoriales entre las comunidades y las compañías, a causa de los impactos negativos de la industria forestal, además de la imposición de monocultivos exóticos (pino y ecucalipto), plaguicidas, sequía, pérdida de suelos e introducción de transgénicos.
Por su parte, Fortunato Escobar, de la Corporación para Infraestructura Socio Económica y Transformación Agropecuaria y miembro del Consejo Indio de Sudamérica, denunció el 29 de abril que el Decreto Supremo para crear en Perú la reserva nacional Ayamara Lupaqa “no es otra cosa que una estretegia de ocupación de tierras indígenas” promovida por el presidente Alejandro Toledo.
Con una área de 300 mil hectáreas, la nueva “reserva” afecta los distritos de Capaso, Condoriri y Masu Cruz (provincias de El Collao y Chucuito). Igualmente la zona de amortiguamiento afecta a los distrito de Pizacoma, Huacullani, Zepita y Desaguadero.
“¿En que medida es verdad el discurso de conservación, y eso de que las comunidades campesinas/ indígenas ‘no saben conservar’ los recursos naturales? ¿En qué medida las comunidades indígenas campesinas saben si esto será beneficioso o contradictorio?”, se pregunta Escobar, para concluir que los pueblos pasarán a ser “inquilinos” de sus tierras, pues el gobierno “será libre de concesionar u ordenar el trasvase de aguas, tal como quiere hacer actualmente con las comunidades alto andinas de Puno. Libre de concesionar a personas o entidades cuando los crea conveniente, o expulsar a los que son dueños”.
Algunos de los comuneros afectados manifiestan que “nunca fueron consultados, sólo mencionan haber asistido a algunos talleres de capacitación con prebendas clientelares”. Ni siquiera se conocen los estudios de impacto ambiental.
Un caso más es el que enfrenta la comunidad wichi de la reserva General Pizarro en Salta (Argentina), a la que primero se le enajenó una “reserva” y luego se vendió. En 1995 se declaró “area protegida”, pero en 2004 se puso a la venta mediante licitación pública. Everest sa, la empresa compradora, pretende desmontar la antes protegida reserva salteña.
Según el sitio Ecoportal.com, la comunidad denuncia que el proceso “viola directamente sus derechos constitucionales a participar en la gestión de sus recursos naturales y demás intereses que los afecten: la tierra, la protección del medio ambiente, su identidad e integridad cultural”. (HB)
Fuente de Salto del Agua, 1895. Anónimo